Boletín del Archivo Histórico del Agua, año 5, núm. 13, mayo-agosto, 1998.
En este número, las distintas secciones del Boletín se dedican a explorar el tema de las grandes empresas porfirianas, tanto en ese periodo como en las décadas subsiguientes. Los materiales presentados incluyen referencias sobre compañías, cerveceras, cementeras, fundidoras, mineras y textiles. La sección Los Acervos del AHA, expone el trabajo de digitalización que se efectúa en el archivo, esto con el fin de reproducir y conservar los documentos resguardados en el AHA. Documentos del AHA, presenta documentos tales como: “Oposición del Ayuntamiento de Veracruz a una solicitud de la S. Pearson And Son Sucs., S.A., 1911”; Queja de vecinos contra la compañía Real del Monte por la contaminación con cianuro, 1912”; “Pago de impuestos locales y federales de la compañía Industrial de Orizaba, S.A., 1919”; “Queja contra la Hidroeléctrica de Encasa por inundaciones, Coyutla, Veracruz, 1928”. En la sección Notas y Ensayos, se publica el trabajo de María del carmen Lara intitulado “Los recursos hidráulicos en la industria petrolera: el caso de la Compañía Mexicana El Águila, S.A.” el cual nos permite conocer una faceta de la historia petrolera: su relación con el aprovechamiento de los recursos hidráulicos. María de Lourdes González expone en su trabajo “Compañía Fundidora de Fierro y Acero Monterrey, S.A.”, los trámites de confirmación de derechos que realizó el gerente de la Fundidora, Ramón Yarza, ante la Secretaría de Agricultura y Fomento para el aprovechamiento de 100 litros por segundo de las aguas del río Santa Catarina. El ensayo “La Compañía Manufacturera de Cemento Pórtland. Empresa agrícola e industrial” de Alba Morales Cosme, expone la confirmación de los derechos de la Compañía Cementera para uso de las aguas del río Tepeji. En Índices, se presenta una selección del Fondo Aprovechamientos Superficiales acerca de “usuario” y “compañía”. Por último, se publica un fragmento del expediente “Repartimiento de aguas del río Magdalena, Coyoacán, 1789”.
Boletín del Archivo Histórico del Agua, año 5, núm. 16, mayo-agosto, 1999.
Los artículos que se publican en este Boletín, permiten diversos acercamientos al estudio de la reglamentación federal en materia de aguas, misma que se inició con la publicación de la Ley de vías generales de comunicación en 1888. en este contexto, tres trabajos se refieren al reglamento porfiriano de 1895 que transfirió la administración de las aguas del río Nazas al gobierno federal. Los dos restantes, en cambio, atienden las vicisitudes de los hacendados para obtener el reconocimiento de sus derechos sobre las aguas. Lourdes Romero Navarrete estudia la petición que formuló el gobernador de Durango, en 1908, para que la Secretaría de Fomento modificara el Reglamento para la distribución de las aguas del río Nazas, que había sido publicado en 1895 de forma colateral, puesto que no es su objetivo esencial, el libro que reseña María Eugenia Morales Rubio, La hacienda de la Concha. Una empresa algodonera de la Laguna 1883-1917, muestra que el reglamento de 1891, cuya versión definitiva fue publicada en 1895, benefició a aquellos hacendados que podían construir obras de irrigación sobre el río mencionado, el Nazas. Otra de las empresas agrícolas que utilizaba las aguas del Nazas, además de las del Aguanaval, para irrigar sus tierras, fue la hacienda de Hornos.
La historia de algunos de los propietarios de esta hacienda, que es relatada por Leticia Hernández Martínez, registra el impacto de las disposiciones políticas en la tenencia de la tierra y en los derechos sobre aguas. Para el caso, los jesuitas perdieron la hacienda cuando fueron expulsados del país en 1767, y la señora Luisa Ibarra de Zuloaga sufrió el embargo de sus propiedades por haber optado por Maximiliano de Habsburgo en aquellos trágicos años de la intervención francesa (1864-1867). En este texto, como en el libro que se reseña, se observa la expansión agrícola que se registró en el estado de Coahuila por la introducción del ferrocarril y por la construcción de obras para la irrigación. Coahuila fue, no debe olvidarse, la región en donde se originó la fortuna de Evaristo Madero, el abuelo de Francisco, el otro Madero, el que iniciara la Revolución mexicana en 1910. María de Lourdes González Cabrera sigue el proceso que inició Mier y Canales en 1925 para conformar sus derechos sobre las aguas del río Súchil o San Antonio, que eran de jurisdicción federal. Las tierras que serían irrigadas, 120 hectáreas, pertenecían a la hacienda el Molino, que estaba situada en el municipio de Súchil, en el estado de Durango. Por otro lado, Rodolfo Huerta González se centra en las dificultades que enfrentaban los hacendados que usaban las aguas del río Mayo y los conflictos de intereses que se generaron por las obras de mampostería que se empezaron a construir a principios del siglo XX. Asimismo, el Boletín presenta la entrevista al ingeniero Héctor Flores Calderón, la que introduce una de las problemáticas que fue propia de la segunda mitad del siglo XX: el trabajo social que implicó el traslado y la reubicación de las personas que fueron desplazadas de su lugar de origen por la construcción de las grandes obras hidráulicas. La sección Documentos del AHA, presenta: “Proyecto para reglamentar la distribución de las aguas del río Nazas, desde la presa San Fernando hasta la laguna de Mayrán (1909)”; “Certificado acerca de la devolución de bienes de la hacienda Hornos a sus propietarios, Saltillo, Coahuila (1898)”; “Derechos de las haciendas El Molino, Santa Bárbara y El Ancón sobre las aguas de la presa La Tamariza, Zacatecas (1925)”; Concesión de una toma de agua del río Mayo, Sonora (1893)”. Además, en Índices y Referencias, se presenta una relación de haciendas en los estados de Coahuila, Durango y Sonora; por último, se presenta el material bibliográfico acerca de las haciendas en México, y la reproducción del expediente. “Solicitando la construcción de un canal para riego de terrenos, Sonora (1864).
Boletín del Archivo Histórico del Agua, año 6, núm. 19, septiembre-diciembre, 2001.
En el número 19 del Boletín, los investigadores que colaboraron en esta edición han desarrollado sus puntos de vista sobre la propiedad, el abasto, suministro y acuerdos para el uso del agua: Pilar Iracheta presenta los mecanismos de que se valieron los diferentes grupos que poblaban la Villa colonial de Toluca para satisfacer sus necesidades de abasto de agua; Inés Ortiz Yam, se ocupa de los conflictos generados tanto por uso como por su posesión legal entre pueblos y haciendas en la Toluca dieciochesca y cómo frecuentemente se lograron acuerdos para su aprovechamiento. Gloria Camacho, analiza cómo incidió la política social de Maximiliano en los problemas que enfrentaron los pueblos indígenas en relación con el agua a raíz de la desamortización de los bienes de las corporaciones civiles en 1856. En Documentos del AHA, contamos con la trasncripción paleográfica de una ponencia que data de 1954: “Terminación del nuevo túnel de Tequixquiac” cuyos antecedentes nos brinda un artículo sobre el problema de las obras de drenaje en el Valle de México.
Inauguramos en cambio otra sección que esperamos resulte de interés para los lectores: El Agua en la Prensa con la que iniciamos un seguimiento del fondo hemerográfico de la biblioteca del AHA. Finalmente presentamos las adquisiciones más recientes de la biblioteca.
En este número, las distintas secciones del Boletín se dedican a explorar el tema de las grandes empresas porfirianas, tanto en ese periodo como en las décadas subsiguientes. Los materiales presentados incluyen referencias sobre compañías, cerveceras, cementeras, fundidoras, mineras y textiles. La sección Los Acervos del AHA, expone el trabajo de digitalización que se efectúa en el archivo, esto con el fin de reproducir y conservar los documentos resguardados en el AHA. Documentos del AHA, presenta documentos tales como: “Oposición del Ayuntamiento de Veracruz a una solicitud de 
Los artículos que se publican en este Boletín, permiten diversos acercamientos al estudio de la reglamentación federal en materia de aguas, misma que se inició con la publicación de la Ley de vías generales de comunicación en 1888. en este contexto, tres trabajos se refieren al reglamento porfiriano de 1895 que transfirió la administración de las aguas del río Nazas al gobierno federal. Los dos restantes, en cambio, atienden las vicisitudes de los hacendados para obtener el reconocimiento de sus derechos sobre las aguas. Lourdes Romero Navarrete estudia la petición que formuló el gobernador de Durango, en 1908, para que 
En el número 19 del Boletín, los investigadores que colaboraron en esta edición han desarrollado sus puntos de vista sobre la propiedad, el abasto, suministro y acuerdos para el uso del agua: Pilar Iracheta presenta los mecanismos de que se valieron los diferentes grupos que poblaban la Villa colonial de Toluca para satisfacer sus necesidades de abasto de agua; Inés Ortiz Yam, se ocupa de los conflictos generados tanto por uso como por su posesión legal entre pueblos y haciendas en la Toluca dieciochesca y cómo frecuentemente se lograron acuerdos para su aprovechamiento. Gloria Camacho, analiza cómo incidió la política social de Maximiliano en los problemas que enfrentaron los pueblos indígenas en relación con el agua a raíz de la desamortización de los bienes de las corporaciones civiles en 1856. En Documentos del AHA, contamos con la trasncripción paleográfica de una ponencia que data de 1954: “Terminación del nuevo túnel de Tequixquiac” cuyos antecedentes nos brinda un artículo sobre el problema de las obras de drenaje en el Valle de México.