Boletín del Archivo Histórico del Agua, año 5, núm. 16, mayo-agosto, 1999.

Los artículos que se publican en este Boletín, permiten diversos acercamientos al estudio de la reglamentación federal en materia de aguas, misma que se inició con la publicación de la Ley de vías generales de comunicación en 1888. en este contexto, tres trabajos se refieren al reglamento porfiriano de 1895 que transfirió la administración de las aguas del río Nazas al gobierno federal. Los dos restantes, en cambio, atienden las vicisitudes de los hacendados para obtener el reconocimiento de sus derechos sobre las aguas. Lourdes Romero Navarrete estudia la petición que formuló el gobernador de Durango, en 1908, para que la Secretaría de Fomento modificara el Reglamento para la distribución de las aguas del río Nazas, que había sido publicado en 1895 de forma colateral, puesto que no es su objetivo esencial, el libro que reseña María Eugenia Morales Rubio, La hacienda de la Concha. Una empresa algodonera de la Laguna 1883-1917, muestra que el reglamento de 1891, cuya versión definitiva fue publicada en 1895, benefició a aquellos hacendados que podían construir obras de irrigación sobre el río mencionado, el Nazas. Otra de las empresas agrícolas que utilizaba las aguas del Nazas, además de las del Aguanaval, para irrigar sus tierras, fue la hacienda de Hornos.

La historia de algunos de los propietarios de esta hacienda, que es relatada por Leticia Hernández Martínez, registra el impacto de las disposiciones políticas en la tenencia de la tierra y en los derechos sobre aguas. Para el caso, los jesuitas perdieron la hacienda cuando fueron expulsados del país en 1767, y la señora Luisa Ibarra de Zuloaga sufrió el embargo de sus propiedades por haber optado por Maximiliano de Habsburgo en aquellos trágicos años de la intervención francesa (1864-1867). En este texto, como en el libro que se reseña, se observa la expansión agrícola que se registró en el estado de Coahuila por la introducción del ferrocarril y por la construcción de obras para la irrigación. Coahuila fue, no debe olvidarse, la región en donde se originó la fortuna de Evaristo Madero, el abuelo de Francisco, el otro Madero, el que iniciara la Revolución mexicana en 1910. María de Lourdes González Cabrera sigue el proceso que inició Mier y Canales en 1925 para conformar sus derechos sobre las aguas del río Súchil o San Antonio, que eran de jurisdicción federal. Las tierras que serían irrigadas, 120 hectáreas, pertenecían a la hacienda el Molino, que estaba situada en el municipio de Súchil, en el estado de Durango. Por otro lado, Rodolfo Huerta González se centra en las dificultades que enfrentaban los hacendados que usaban las aguas del río Mayo y los conflictos de intereses que se generaron por las obras de mampostería que se empezaron a construir a principios del siglo XX. Asimismo, el Boletín presenta la entrevista al ingeniero Héctor Flores Calderón, la que introduce una de las problemáticas que fue propia de la segunda mitad del siglo XX: el trabajo social que implicó el traslado y la reubicación de las personas que fueron desplazadas de su lugar de origen por la construcción de las grandes obras hidráulicas. La sección Documentos del AHA, presenta: “Proyecto para reglamentar la distribución de las aguas del río Nazas, desde la presa San Fernando hasta la laguna de Mayrán (1909)”; “Certificado acerca de la devolución de bienes de la hacienda Hornos a sus propietarios, Saltillo, Coahuila (1898)”; “Derechos de las haciendas El Molino, Santa Bárbara y El Ancón sobre las aguas de la presa La Tamariza, Zacatecas (1925)”; Concesión de una toma de agua del río Mayo, Sonora (1893)”. Además, en Índices y Referencias, se presenta una relación de haciendas en los estados de Coahuila, Durango y Sonora; por último, se presenta el material bibliográfico acerca de las haciendas en México, y la reproducción del expediente. “Solicitando la construcción de un canal para riego de terrenos, Sonora (1864).